Congresistas peruanos han reportado una notable reducción en su patrimonio desde que asumieron sus cargos

 Haciendo un análisis de las declaraciones juradas de los congresistas peruanos, entre 2021 y 2024, se revela que algunos legisladores han reportado una notable reducción en su patrimonio desde que asumieron sus cargos. Entre ellos destacan Digna Calle (Podemos Perú), Héctor Valer (Somos Perú), María del Carmen Alva (no agrupada) y Jorge Montoya (Honor y Democracia), quienes declararon disminuciones que oscilan entre S/1 millón y más de S/20 millones. Este fenómeno ha generado interrogantes sobre la transparencia de sus finanzas, especialmente porque varios de ellos enfrentan investigaciones por delitos como lavado de activos, peculado y corrupción.

Digna Calle declaró una reducción de S/8,260,000 en su patrimonio, pasando de más de S/11 millones en 2021 a poco más de S/3 millones en 2024. Además, reportó una disminución adicional de S/11,909,074 en ahorros, inversiones y otros ingresos. La congresista, que ha viajado 25 veces a Estados Unidos desde 2021, está vinculada a negocios inmobiliarios en Florida a través de la empresa Dafi and Company LLC. Actualmente, enfrenta una investigación preliminar por lavado de activos, y operaciones como la venta de un departamento en Lince por 80,000 USD, pese a un autovalúo previo de S/1,5 millones, han levantado sospechas.

Héctor Valer reportó una disminución de S/1,072,000 en su patrimonio, pasando de S/1,560,000 en 2021 a S/488,000 en 2024. Sus declaraciones juradas muestran inconsistencias: en 2020, al postular al Congreso, solo declaró una camioneta de S/5.000, pero un año después reportó bienes por más de S/1.5 millones. Valer, quien no tiene propiedades inscritas en Sunarp, ha enfrentado múltiples investigaciones por corrupción y otros delitos. Además, sus empresas tienen deudas con el Estado, lo que complica aún más su situación financiera.

María del Carmen Alva, ex presidenta del Congreso, declaró una reducción de S/939,706 en su patrimonio. Al iniciar su gestión en 2021, reportó bienes por S/949,682, pero en 2024 estos se redujeron a S/644,576. Alva transfirió propiedades a su hija como adelanto de herencia y enfrenta una denuncia constitucional por peculado, tras usar fondos públicos para un viaje personal a Trujillo en 2023. Aunque posee tres propiedades registradas, su patrimonio ha fluctuado significativamente sin explicaciones detalladas.

Jorge Montoya, vicealmirante en retiro, vio su patrimonio disminuir en S/753,530, de S/849,950 en 2021 a S/96,420 en 2024. Montoya, denunciado por negociación incompatible tras modificar una ley que le permitió percibir su sueldo de congresista y su pensión militar simultáneamente, transfirió un departamento y estacionamientos en San Isidro a su esposa mediante una adjudicación por cambio de régimen patrimonial. Esta maniobra ha sido interpretada como una posible protección de bienes ante investigaciones.

Un experto en control patrimonial, Martín Cabrera Marchán, exgerente de la Contraloría, advierte que la reducción del patrimonio de funcionarios puede indicar fuentes de ingresos irregulares, informales o ilegales. Según Cabrera, tanto los incrementos como las disminuciones patrimoniales deberían ser investigados, ya que la falta de obligación legal para justificar estas variaciones facilita que pasen desapercibidas. En los casos mencionados, las reducciones coinciden con investigaciones fiscales, lo que refuerza las dudas sobre su legitimidad.

Las transferencias de bienes y adelantos de herencia, prácticas legales utilizadas por Calle, Alva y Montoya, son comunes entre funcionarios que buscan proteger su patrimonio de posibles embargos, según Cabrera. Aunque no son ilícitas, estas estrategias han coincidido con denuncias por delitos graves, como lavado de activos y peculado, lo que sugiere un uso deliberado para eludir la fiscalización. La ausencia de propiedades registradas en el caso de Valer añade otra capa de opacidad a estos movimientos.

En conclusión, la reducción del patrimonio declarada por estos congresistas pone en evidencia las debilidades en los mecanismos de control y transparencia de los funcionarios públicos en Perú. Los hallazgos subrayan la necesidad de fortalecer la fiscalización de las declaraciones juradas para detectar irregularidades y garantizar que las prácticas legales no se conviertan en herramientas para ocultar ilícitos. Mientras las investigaciones avanzan, la rendición de cuentas sigue siendo un desafío clave para la integridad del sistema político.